Desplazados

Récord de Indemnizaciones a Víctimas del Desplazamiento por el Gobierno de Cambio

Durante la última administración, la Unidad para las Víctimas, bajo el liderazgo de Patricia Tobón Yagarí, ha compensado a una cifra sin precedentes de 160.518 personas afectadas por el desplazamiento forzado.

Esta cifra representa el 18% del total de pagos realizados en este ámbito, según el informe dado a la Corte Constitucional recientemente.

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El Aumento en las Indemnizaciones: un Paso hacia Adelante

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, destacó durante una sesión técnica con la Corte Constitucional, el crecimiento significativo en el pago de compensaciones a las víctimas del conflicto armado, en particular a las afectadas por el desplazamiento forzado.

Esta es la cuarta reunión que ha llevado a cabo la alta corte para verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en la Sentencia T-025. Este fallo declara un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) respecto al desplazamiento forzado. El Registro Único de Víctimas señala que son 8.609.804 víctimas de este flagelo.

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Indemnizaciones: Más que una Política, un Deber para con las Víctimas

Desde 1996, casi 1,5 millones de víctimas han sido indemnizadas por el Estado colombiano. Entre ellas, 903.310 son víctimas del desplazamiento forzado, lo que representa una inversión de aproximadamente seis billones de pesos. Tobón Yagarí resalta los progresos históricos en las indemnizaciones por desplazamiento forzado bajo el actual Gobierno, representando el 18% del total de las concesiones monetarias para estas víctimas.

Con este ritmo de pagos, se podría reducir a 24 años el tiempo que las víctimas de desplazamiento forzado tendrían que esperar para ser indemnizadas. Esta cifra es significativamente menor a los 74 años estimados bajo anteriores administraciones.

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Ampliación de Cobertura y atención a las Víctimas

Tobón Yagarí subrayó el compromiso del Gobierno en ampliar la cobertura y acceso a la compensación a un mayor número de víctimas en áreas de difícil acceso y a las que residen en el extranjero. Además, se está trabajando para mejorar la atención psicosocial mediante unidades móviles y acciones para la recuperación emocional de las víctimas.

Los Desafíos Continúan

Aún con estos avances, Tobón Yagarí reconoció que persisten desafíos. Se necesita superar las barreras estructurales en la implementación de la política pública. Un tema crítico es la financiación.

«Somos conscientes de que el desafío persiste, ya que requieren más de 75 billones de pesos para indemnizar al actual universo de 7,2 millones de víctimas elegibles», enfatizó Tobón Yagarí.

Buscando Nuevas Fuentes de Financiamiento

La Unidad para las Víctimas, junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, está trabajando en un plan para acelerar el pago de indemnizaciones. Se necesitan fuentes de financiación.

En ese sentido, el Gobierno propuso la creación de una Comisión de Financiamiento como parte de la reforma a la Ley 1448 de 2011.

Las reflexiones de estas reuniones son clave para la superación del ECI e impartir órdenes respecto a la Sentencia T-025. Es indispensable continuar trabajando para mejorar la atención y reparación a las víctimas, no solo es un reto de gobierno, es un asunto de Estado.

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