Con un paso revolucionario hacia el futuro de la educación, el Congreso de Colombia ha propuesto una ley para hacer de la educación superior un derecho universal. Con esta iniciativa, se busca garantizar la gratuidad en las matrículas de pregrado de todas las universidades públicas, sin distinción de estrato socioeconómico.
Apoyo Unánime y Expectativa Presidencial
La propuesta fue aprobada en la plenaria del Senado con una abrumadora mayoría de 74 votos a favor y ninguno en contra. Tras este paso, la ley avanza hacia la etapa de sanción presidencial.
La senadora María José Pizarro, una de las defensoras clave de la iniciativa, resaltó la importancia de este hito en el movimiento estudiantil del país. «Es un proyecto de ley construido por y para el movimiento estudiantil», señaló. “Es una reivindicación histórica de los jóvenes, muchos de los cuales han luchado incansablemente por el derecho a la educación gratuita».
Mecanismos de Implementación y Financiación
Una vez sancionada la ley, el Ministerio de Educación dispondrá de seis meses para establecer los mecanismos que permitan garantizar la gratuidad en la matrícula universitaria. Según Pizarro, no se cobrará matrícula a quienes accedan a instituciones de educación superior públicas. Importante resaltar que los fondos para sostener esta iniciativa provendrán del Presupuesto General de la Nación, evitando de esta manera la desfinanciación de las instituciones educativas.
Programas de Permanencia y Priorización
La iniciativa también contempla la creación de programas dirigidos a evitar la deserción estudiantil, enfocándose en garantizar la permanencia de los estudiantes. Estos programas priorizarán a las víctimas del conflicto armado, las mujeres jefas de hogar, las comunidades étnicas y los jóvenes que han estudiado en instituciones de educación rurales.
Cumpliendo con las Reivindicaciones Estudiantiles y la Promesa de Gobierno
Para Pizarro, este paso representa el cumplimiento de una demanda histórica del movimiento estudiantil y uno de los puntos clave de su programa de gobierno. «Es el cumplimiento de la promesa de proporcionar una educación superior pública, gratuita y de calidad. Este compromiso se reforzará con la reforma integral a la Ley 30».
En los próximos días, el proyecto será enviado oficialmente a la Casa de Nariño, donde será revisado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Posteriormente, pasará a manos del presidente Gustavo Petro, quien con su firma, tiene el poder de convertir este proyecto en una nueva ley de la República.
