Durante la reciente reunión del Consejo de Política Social 2023 en Barranquilla, Atlántico, se trataron asuntos de relevancia que incluyen a todas las entidades nacionales y territoriales responsables de la implementación de políticas públicas dirigidas a los grupos más vulnerables de la población. Entre estos se encuentran víctimas del conflicto armado, niños y adolescentes, jóvenes, comunidad LGBTIQ+, personas en situación de pobreza extrema, personas con discapacidades y migrantes.
En esta importante asamblea, que tuvo lugar en la gobernación del Atlántico, se hizo un llamado para optimizar recursos y mejorar la articulación entre las entidades.
La voz de las víctimas en la construcción de políticas
Yesenia Pérez, directora de la territorial Atlántico de la Unidad para las Víctimas, aprovechó la oportunidad para destacar el esfuerzo en curso para coordinar la política pública de atención a las víctimas del conflicto armado. A su vez, hizo un llamado para fortalecer los esfuerzos de articulación a fin de optimizar los recursos existentes. En particular, solicitó que la Unidad y los representantes de las mesas municipales de participación efectiva fueran incluidos en el proceso de elaboración de los Planes de Acción Territoriales.
Pérez también resaltó la necesidad de revisar la metodología de aplicación de las encuestas para la calificación en el Sisbén. Esta preocupación surge debido a que muchas víctimas han señalado inconsistencias entre sus puntajes y su verdadero estado de vulnerabilidad.
Planes de retorno y reubicación: un llamado a la acción
En el Atlántico, la Unidad para las Víctimas está actualmente trabajando en un total de 17 planes de retorno y reubicación para las víctimas del conflicto armado. Estos planes están ubicados en 14 municipios del Atlántico, incluyendo el Distrito Especial de Barranquilla, con foco particular en las comunidades del suroccidente, donde residen principalmente grupos de víctimas.
Además, la Unidad para las Víctimas instó a la realización de un Consejo de Seguridad para revisar el estado de vulnerabilidad en el barrio Nueva Esperanza, que fue incluido en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.
Impulsando cambios para un mejor servicio
La Unidad para las Víctimas se mantiene fiel a su lema «Cambiamos para servir», buscando constantemente la mejor manera de llevar a cabo acciones que apoyen la implementación de una política capaz de superar los rezagos existentes. El objetivo es proporcionar una reparación transformadora y permitir a quienes han sufrido el conflicto armado acceder de manera efectiva a sus derechos.
La aceleración de estos 17 planes de retorno y reubicación en el Atlántico es un paso vital hacia este objetivo. Para lograrlo, la colaboración y el compromiso de las entidades territoriales serán fundamentales para asegurar la implementación efectiva de estas importantes iniciativas.